Todo fue flor de un día, literalmente. Telefónica del Perú asumió su papel de depredadora de la libertad de expresión y decidió -merced a la presión ejercida por los trabajadores de CCN y el voto unánime del pleno del Congreso de la República- restituir la señal que habían anulado. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, hubo señal pero se eliminó el pago de 50 mil dólares mensuales para la producción de los programas, marginando las cláusulas contractuales suscritas entre ambas partes. Es decir, en pleno siglo XXI, una suerte de colonialismo moderno interviene en nuestra sociedad y trasgrede toda norma ética y jurídica, dejando a los peruanos en condición de meros inquilinos de su propia tierra.


CCN protesta

"No podemos transmitir. Telefónica lo impide" es la frase lapidaria que invadió las pantallas de CCN a los pocos días de la tramposa restitución de su señal. Para César Campos, Director Periodístico, esta medida es consecuencia directa de las arbitrariedades que viene cometiendo Telefónica del Perú al no respetar el contrato -que vence recién el 2007- con la empresa productora de contenidos, CCN.

Evidentemente mortificado, el destacado periodista Campos precisó que, no obstante los múltiples reclamos realizados por la vía judicial y a través de protestas callejeras, "Telefónica no busca ningún tipo de acercamiento y mucho menos de interés para llegar a una solución. Todo lo contrario, se resisten a cumplir el contrato y a desobedecer la aprobación de que se restablezca la señal a CCN por unanimidad en el Congreso".

Campos señaló que llama poderosamente la atención que la transnacional española pase por encima de las decisiones que tomó el Congreso de la República en dos oportunidades, por la cual instan y exigen al Poder Ejecutivo agotar todas las vías con el fin de que se le restituya la señal a CCN.

"Debido a queTelefónica se rehusaba a respetar los contratos, que los obliga a pagarnos por nuestra producción, anunciamos que levantábamos nuestra programación hasta que se aclare este asunto, pero tal parece que esa medida no les gustó a los señores de la Telefónica y, contraviniendo la decisión unánime del Congreso peruano, cerraron la señal inopinadamente".

Agregó que "Telefónica, evidentemente, ha incurrido en delito flagrante de violación de la libertad de expresión. Es un hecho muy preocupante que el corte de la señal realizada por Telefónica se hizo en momentos que CCN emitía un comunicado en el cual precisaba que la mencionada empresa no cumplía con sus obligaciones y cuando CCN difundía el himno nacional del Perú".

Lo que sucede -enfatizó- es que Telefónica no solamente ha violado el contrato que permite operar a canal 10, nuestra Constitución Política y el mandato del Congreso de la República, sino que además constituye un delito tipificado en el Código Penal.

"Esperamos que en las próximas horas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solucione el problema, sancione de forma ejemplar a Telefónica y restituya la señal", aseveró.

Ante esta situación, el representante de CCN reveló que han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Turno de Lima en contra del Gerente General de Telefónica Multimedia, Michael Duncan, por el delito contra la libertad de expresión.

Asimismo, dejó en claro la posición de los trabajadores de CCN, señalando que "nosotros vamos a seguir y vamos a continuar con nuestra lucha, no sólo por restablecer la señal de Cable Canal de Noticias, sino también contra la prepotencia y el abuso de Telefónica aquí en el Perú".


La palabra del Congreso

El viernes último, el Congreso de la República acordó solicitar al Poder Ejecutivo "adopte de inmediato las medidas necesarias para reponer la señal de CCN" de acuerdo al contrato con Telefónica Multimedia SAC "sin plazos ni condiciones que coacten la libertad de expresión".

Asimismo, se aclaró en los considerandos de la moción aprobada que en CCN no se ha producido ninguna transferencia de acciones a terceros -una de las causales de la ruptura por parte de Telefónica- por lo que "el retiro de la señal por cable no cuenta con un sustento jurídico".

También se hace referencia a la Constitución Política que "establece que toda persona tiene derecho a las libertades de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo responsabilidad de ley".

El documento aprobado por el Parlamento precisa que "nuestra Carta Magna señala que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo". Esto significa que este caso compete directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.


¿Y qué dice el MTC?

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Luis Ortega Navarrete, elevó su voz frente al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) con el fin de que "revise con mayor profundidad" el caso de CCN.

Sorprendentemente, reiteró que su despacho "no tiene competencia para intervenir en el asunto, de lo contrario ya hubiéramos tomado inmediatamente la iniciativa". ¿Qué les parece? ¿Quiere decir entonces que el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones hace tabla rasa de los acuerdos del Congreso? Eso, creemos, merecería una interpelación.

Con la libertad de expresión

El miércoles último, los colegas de Cable Canal de Noticias convocaron a todos los medios y al público en general a una manifestación frente al local de Telefónica del Perú ubicado en la avenida Arequipa. GENTE llegó a la hora señalada, pero desgraciadamente los representantes de la mayoría de medios brillaron por su ausencia. ¿Sometimiento a los contratos de publicidad?

De todas formas, César Campos agradeció a "periodistas independientes como Enrique Zileri, Gustavo Mohme Seminario, Zenaida Solís y sobre todo a todo el personal de GENTE, que fue el único medio periodístico que se pronunció y nos apoyó en todo momento", enfatizó.